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El sector inmobiliario se alza contra la regulación de los alquileres en Cataluña

Los principales representantes del sector han alertado de que la medida aprobada ayer en el Parlamento catalán agravará el acceso a la vivienda, con muchos propietarios sacando sus inmuebles del mercado.

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Este miércoles, los partidos JxCat, ERC, En Comú Podem y la CUP presentaron en el Parlament una proposición de ley para limitar el precio de los alquileres residenciales en Cataluña. El documento contempla regular en 60 municipios catalanes los precios del alquiler, donde las rentas han sufrido un incremento superior al 20% entre 2014 y 2019, incluidos en área de Metropolitana de Barcelona y las poblaciones superior a veinte mil habitantes.

Los principales representantes del sector inmobiliario en Cataluña han alertado en un comunicado conjunto que la medida aprobada ayer en el Parlamento catalán agravará el acceso a la vivienda, especialmente en aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad.

“Evidentemente, el derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado, pero con la aprobación de estas medidas el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social, además de adoptar medidas que se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución“, reza el comunicado firmado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia (Coapi), la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL).

Según datos del Incasòl, los 107.712 propietarios privados del parque de alquiler en Barcelona, el 96% (103.410) poseen entre 1 y 5 viviendas. “Si bien es cierto que entre este grupo mayoritario hay diferentes casuísticas, también lo es que encontramos una franja importante de pequeños tenedores que utilizan el alquiler para complementar sus ingresos o su pensión de jubilación, entre otros”, comentan desde Coapi. “Por lo tanto, la limitación del precio del alquiler no sólo tendrá un impacto directo en su economía doméstica, sino que provocará que en muchos casos decidan retirar su patrimonio familiar del alquiler para pasarlo a la venta o en otras alternativas ajenas al alquiler residencial”, aseguran.

Del mismo modo se pronuncian desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval). La asociación que aglutina a 500 propietarios de inmuebles en alquiler (suman en total más de 35.000 unidades) creen que propuestas como la planteada en el Parlamento catalán desincentivan a los propietarios. “Necesitamos favorecer la oferta, no contraerla. Y el control de precios, a medio y largo plazo la reduce porque genera inseguridad y desincentiva al propietario que, o bien retira esa vivienda en alquiler del mercado o acude a la economía sumergida para conseguir la diferencia de precio”, explica Beatriz Toribio, directora general de Asval que cree que esta proposición de ley tiene “serias dificultades de hacerse realidad por su posible inconstitucionalidad“.

“Pero salga adelante o no, el daño ya está hecho. Solo el ruido que se genera, unido a las últimas medidas adoptadas en Cataluña en materia de vivienda, desalienta la inversión porque genera desconcierto e inseguridad jurídica. España necesita un parque de vivienda en alquiler asequible que solo lograremos sacar adelante con la colaboración de la Administración y el sector privado. Si no hay confianza en el sistema y en el marco regulatorio, es decir si no hay seguridad jurídica, no habrá inversión. Y por lo tanto, no habrá vivienda en alquiler”, agrega la responsable de Asval.

El responsable de Estudios de pisos.com, Ferran Font, también opina que “limitar las rentas no es la solución. “Este problema no es exclusivo de nuestro mercado, sino que se produce en muchos países y ciudades de nuestro entorno que ya tienen experiencia en este tipo de legislación. Los precedentes en mercados como París o Berlín han mostrado la ineficacia del control de las rentas, que han causado precisamente un aumento en el precio del alquiler o consecuencias negativas para los inquilinos, que es precisamente el colectivo que busca protegerse. Como consecuencia, los propietarios dejan de invertir en el mercado”, explica Font.

Por su parte, el responsable del portal inmobiliario asegura que “la diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas”. Sin embargo, esta ayuda debe ir enfocada a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler a través de la colaboración público-privada. “Políticas de limitación de rentas se han mostrado poco efectivas en otros mercados europeos que ya las han implementado”.

“Intervenir los precios no me parece una medida que vaya a ayudar a resolver definitivamente el problema dado que el mercado del alquiler en España es un mercado muy tensionado. Para resolver esta situación hay que intervenir e influir de una manera indirecta sobre la oferta y la demanda”, explica Emiliano Bermúdez, subdirector general de la empresa de intermediación inmobiliaria Donpiso. “Desde el punto de vista de la oferta hay que aumentar el parque de viviendas en alquiler en España. Para ello se podrían promover viviendas y edificios de precios asequibles con iniciativa públicas e intervenir con un incentivo positivo sobre los grandes tenedores de viviendas en alquiler: los particulares. Hay que tener en cuenta que el 85% de las viviendas destinadas al alquiler están en manos de particulares. Una iniciativa viable sería modificar fiscalmente a los propietarios para que puedan poner su vivienda en alquiler, dándoles seguridad jurídica”, propone.

La Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI), a través de su secretaria general y abogada especialista en Derecho Inmobiliario y Urbanístico, Eva González-Nebreda, ha subrayado que “la medida es una iniciativa extraparlamentaria impulsada por parte de un ‘lobby’, autodenominado sindicato de inquilinos, sin una personalidad jurídica clara y es ‘parte’ de la negociación en un mercado libre de arrendamiento inmobiliario”.

La abogada recuerda en un mercado normal el precio de los alquileres se autorregula por la ley de oferta y demanda, y que la limitación de precios no tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los propietarios de viviendas en España son pequeños tenedores.

Por su parte, Iñaki Unsain, presidente de AEPSI, considera que se trata de una medida “que va a conseguir justo el efecto contrario al deseado, es decir, los precios del alquiler no sólo no van a bajar sino que van a subir”.

“Esto se ha demostrado en ciudades como Berlín, pues los caseros se las ingenian para subir el precio en dinero negro. La oferta de viviendas de alquiler disminuirá principalmente por dos motivos: primero, muchos propietarios sacarán su piso del mercado al no poder obtener la rentabilidad deseada; segundo, se paralizará la inversión en vivienda de obra nueva destinada al alquiler. Estos dos efectos contraerán la oferta y, ante una demanda creciente, los precios subirán. Mientras, se producirá un tercer efecto, que es el deterioro del parque de viviendas en alquiler, pues al tener una renta limitada, el casero deja de invertir en su correcto manteniendo”, destaca el experto.

Vincenç Hernández, director general de Tecnotramit, ha asegurado que “este tipo de política intervencionista tiene un efecto negativo probado en el mercado”.

“No es una medida novedosa. La historia nos muestra ejemplos de políticas similares en diversas ciudades del mundo desde la 1ª Guerra Mundial. Se trata de una medida de fácil implementación y de carácter populista que, en el corto plazo puede ser positivas ya que atacan de representan una acción inmediata y directa a los problemas de accesibilidad de ciertos colectivos, pero la evidencia histórica expone que en el medio y largo plazo la aparición de efectos contrarios relevantes especialmente cuando se mantienen durante períodos de tiempo elevados”.

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