El hotel Don Carlos Resort de Marbella que pertenece a la cadena catalana Selenta Group, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para finalizar su relación laboral con la totalidad de sus empleados fijos que son 94, según informa Diario Sur.
Esta noticia se anuncia cuando aún sigue vigente el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor a consecuencia del Covid-19 y que afecta a toda su plantilla. El periodo de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores, acabará el 16 de julio.
El establecimiento hotelero, que cuenta con 299 habitaciones, permanece cerrado desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Fuentes de la compañía explican que debido a la actual situación, se ha decidido abrir solamente durante la temporada de verano en lugar de todo el año, como venía ocurriendo hasta ahora.
«Se ha intentado llegar a un acuerdo para adaptar los contratos actuales a esta nueva forma de funcionar, pero no se ha podido; por eso se ha tenido que poner el ERE encima de la mesa», argumentan los portavoces de la empresa.
Por su parte, los sindicatos se oponen completamente a este despido masivo. «Es inédito e insólito que una empresa de esta categoría quiera deshacerse de su plantilla fija después de 52 años con la excusa de la pandemia», señala Lola Villalba, secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO Málaga.
Desde el sindicato señalan que la decisión se ha tomado para poder contratar a trabajadores más baratos porque la empresa facturó 20 millones de euros el pasado año y obtuvo más de cuatro millones de beneficios, por lo que no entienden esta determinación.
Villalba recuerda que los ERTE por fuerza mayor llevan consigo un compromiso de mantener el empleo durante seis meses desde su fecha de finalización, por lo que si los despidos se llegan a materializar la propiedad del hotel deberá devolver al Estado todas las cotizaciones sociales que se ha estado ahorrando estos meses atrás.
Por otro lado, el ERE también podría contradecir la normativa actual al presentarse mientras está vigente la imposibilidad de realizar despidos objetivos por causas económicas u organizativas ligadas al Covid-19. De ser así, la empresa tendría que abonar a cada uno de los trabajadores afectados la indemnización propia de un despido objetivo improcedente, que es de 33 días por año y no de 20.
