La crisis del coronavirus ha dejado en stand-by la aplicación del control de precios de alquiler mientras David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, trabaja en la puesta en marcha del real decreto de medidas de urgencia.
El Ministerio ultimaba el Índice de precios de referencia del alquiler, que iba a ser presentado a finales de marzo, y que serviría como base para la futura ley estatal de control de precios, con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quería poner freno a los precios en zonas tensionadas y grandes ciudades.
En una entrevista publicada en Cinco Días, el nuevo secretario general asegura que con la crisis generada con la pandemia «tendremos que esperar para ver cómo es el impacto al menos durante dos meses, porque probablemente el índice de precios de referencia ahora no se corresponda con la realidad. Así que la ley del control de precios seguramente también se retrase, porque todo ha cambiado con el coronavirus».
David Lucas hace una radiografía del sector del alquiler, donde estima que el 85% del alquiler es de viviendas de pequeños propietarios y «la mayoría lo necesita para pagar sus hipotecas o para complementar su pensión. Muchos también pueden estar afectados por el coronavirus. El parque del alquiler en España está formado por algo más de tres millones de viviendas. Las personas jurídicas mueven alrededor de 150.000 viviendas, otras 150.000 las tienen las comunidades autónomas y ayuntamientos, y el resto, los pequeños propietarios, según nuestras estimaciones. Por eso no les hemos querido dejar fuera».
Con este objetivo, el secretario señala que la prioridad es trabajar en la aplicación del real decreto de medidas urgentes para paliar la situación de los inquilinos en situación vulnerable y las pymes arrendadas. Aunque reconoce que «nos consta que hay muchos arrendadores que están hablando ya con inquilinos para modificar las condiciones de los contratos y adecuarlos a la nueva situación».
Grandes tenedores
Sobre el cambio de última hora que considera gran tenedor de vivienda al propietario de más de diez inmuebles, frente a la cifra inicial de ocho, el secretario de Vivienda argumenta que «se cambió la cifra para ajustarnos a los criterios que se barajaban antes. La mayoría de los que tienen 10 o más viviendas se ha constituido como persona jurídica. Es un criterio meramente estadístico, porque muchos de los que tienen siete, ocho o nueve inmuebles siguen siendo personas físicas».
Y en cuanto a las críticas de fondos y Socimis por la falta de transparencia en las negociaciones y la ausencia de colaboración, asegura que el coste que pueden soportar los grandes tenedores profesionales, «con un músculo financiero mucho más fuerte a corto plazo, es mayor. Muchos de ellos ya venían trabajando, de hecho, para proporcionar esas moratorias a sus inquilinos. El esfuerzo que les va a suponer no es excesivamente grande».
