El Consejo de Ministros aprobó ayer martes un Real Decreto-Ley que prorroga cuatro años más la suspensión de los desahucios hipotecarios. Esto supone que hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca.
Asimismo, se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los titulares de la hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años; también se incluyan como beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo.
Este Real Decreto-Ley establece que el nivel de ingresos familiares máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos. Según ha explicado tras el consejo de Ministros la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para calcular el nivel de ingresos «se aplicará un coeficiente multiplicador en función del número de hijos».
Además, la ministra ha avanzado que el Ejecutivo tomará medidas para proteger a las personas más vulnerables en el caso del mercado de alquiler, en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estas iniciativas se sumarán a las adoptadas en 2019 para regular los procedimientos de desahucio.
Sareb
Por otra parte, el Gobierno ha incluido en el paquete de medidas económicas extraordinarias un real decreto-ley que regula el régimen de causas de disolución de Sareb. La compañía que gestiona los activos inmobiliarios procedentes de la banca rescatada perdió 850 millones en 2019, impactando de lleno en su capital. La medida tomada por el Ejecutivo permitirá que el conocido como ‘banco malo’ mantenga su actividad hasta el fin de su mandato, en 2027, «contribuyendo a la maximización del valor de la venta de la cartera de activos que recibió en 2012».
La sociedad de activos procedentes de la reestructuración bancaria fue creada a finales de 2012 con 57.781 millones de euros en activos inmobiliarios (principalmente préstamos), 1.200 millones de capital y 4.800 millones de euros de deuda subordinada convertible, que fue asumida por sus accionistas (Frob, bancos y aseguradoras principalmente).
Además, en este decreto se contempla la posibilidad de que las sociedades de valores y las entidades de pago y de dinero electrónico puedan solicitar su transformación en bancos.
