Ser parte de la solución aportando parte de su patrimonio. Ésta es la última propuesta que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha trasladado a los grandes tenedores de viviendas en alquiler en España para lograr su compromiso ante el difícil cometido de mejorar el acceso a la vivienda en el país.
A través de reuniones del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, responsable de las competencias en materia de Vivienda, su titular José Luis Ábalos ha mantenido reuniones con las dos principales asociaciones de propietarios de viviendas en alquiler: Asipa, donde están grandes patrimonialistas como Colonial y Merlin pero también dueños de viviendas como Azora y Vivenio, y Asval, capitaneada por el exalcalde de Barcelona Joan Clos y Beatriz Toribio.
Según El Confidencial, en estas reuniones, Ábalos les habría pedido que participen en la creación de un fondo de viviendas en alquiler social dentro de la futura Ley de Vivienda. Se trataría de generar una cartera con un número importante de inmuebles que permitiera mejorar el acceso a la vivienda en zonas tensionadas por los precios el alquiler como son el caso de, por ejemplo, Madrid y Barcelona.
Actualmente en España, 34 compañías atesoran un parque de vivienda en alquiler con 115.000 unidades.
Caixabank capitanea las carteras existentes, con 25.000 viviendas destinadas a ello, seguida muy de cerca por una de las firmas pertenecientes al fondo Blackstone, Testa Residencial, que opera 20.000 unidades, en un ránking donde también figura Sareb (6.883 viviendas en alquiler en el mercado libre y 2.700 cedidas a la Administración Pública para fines sociales), Lazora, la promotora de vivienda en alquiler creada hace años por la gestora española Azora, y también Vivenio y el fondo Ares.
