El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que los desahucios están prohibidos en España hasta el 31 de enero y que se pueden «ir tomando medidas en los próximos meses» para prolongar esas medidas extraordinarias que el Ejecutivo ha adoptado hasta ahora para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en Moncloa tras la Cumbre del G20 el domingo. En concreto, Sánchez ha afirmado que el Gobierno «está pendiente de la situación».
De hecho, ha abierto la puerta a la posibilidad de prorrogar las medidas excepcionales del escudo social que se tomaron desde el inicio del estado de alarma en marzo, entre ellas, la de la prohibición de los desahucios.
«El Gobierno garantiza el que no va haber desahucios, hay medidas aprobadas estos meses. Los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero, con independencia de que podamos ir tomando medidas en los próximos meses para prolongar las medidas extraordinarias», ha matizado.
A finales de marzo el Gobierno anunció una batería de medidas para hacer frente al confinamiento iniciado dos semanas antes que incluía la suspensión de todos los desahucios de personas vulnerables durante seis meses. Además, prorrogó todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer; y anunció microcréditos a interés cero para pagar alquileres, que se podrán devolver en 6 años, ampliables a 10, como parte del escudo anticrisis para garantizar la vivienda.
En septiembre, el Ejecutivo español amplió hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas en el alquiler» de vivienda, pero terminó con la moratoria hipotecaria.
Petición de Podemos para no desahuciar hasta 2023
Recientemente, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH-Bildu han registrado en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que, de aprobarse, prohibirá todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2023.
Desde la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias –AMADEI-, ha alertado de que dicha enmienda supondría un «golpe mortal al pequeño arrendador«, que se vería obligado a mantener su propiedad sin producirle rentabilidad alguna durante dos años y, por el contrario, asumiendo los costes derivados de dicha propiedad.
