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El Gobierno aprueba un nuevo impuesto para Socimis y poner en marcha la limitación del alquiler en marzo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado durante la presentación del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado que en cuatro meses llevará al Congreso una ley para contener y bajar los precios de los alquileres.

Pedro Sanchez y Pablo Iglesias presentacion PGE fuente Moncloa
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la presentación del anteproyecto de los PGE. Fuente: Moncloa/Borja Puig.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias han presentado este martes el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye una subida de impuestos, incluyendo un tasa a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimis).

En concreto, Iglesias ha anunciado una subida de impuestos en el IRPF, Sociedades y Patrimonio. Estas medidas buscan garantizar que “los que más tienen aporten más”, según ha apuntado el vicepresidente del Ejecutivo.

En cuanto al control del precio de los alquileres, el Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para regular el precio de las rentas en un horizonte temporal de cuatro meses.

Sánchez ha defendido que el Ejecutivo va a tomar partido en favor de quienes viven de su salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda. En este sentido, el presidente ha anunciado que llevarán al Congreso de los Diputados una ley que permita establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, tanto en los nuevos contratos como en los contratos ya existentes.

Según el acuerdo, la nueva ley permitirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos establecer límites a las rentas del alquiler en base al índice de precios de referencia, que presentó en julio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Desde Mitma, creen que esta herramienta permitirá a todas las administraciones tener un conocimiento más preciso sobre el mercado del alquiler y reducir el margen de error en la toma de decisiones políticas.

El sector, en contra

Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, ha afirmado que este acuerdo es “una mala noticia para el mercado”. Beatriz Toribio, directora general de la asociación, ha defendido que esta normativa “no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible”.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha alertado de que “la regulación de los alquileres en España llega en un momento de tendencia a la baja, por lo que cabe plantearse seriamente si se va a conseguir el efecto deseado y si, de producirse, compensará el elemento desestabilizador que provoca su implementación en el mercado”.

Por su parte, Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa, ha asegurado: “Esta medida puede hacer que a la larga muchos propietarios decidan poner sus viviendas en régimen de venta y no de alquiler si la regulación de precios es muy restrictiva”.

Además, el sector coincide en que la nueva ley supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado y que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda.

Cataluña ya regula los precios

La nueva ley que regula el alquiler en 60 municipios catalanes entró en vigor el pasado mes de septiembre tras la aprobación en el Parlament.

La ley, que se aplicará en los 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantesestablece que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat.

Las vivienda que se alquilen por primera vez tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona. Sin embargo, la obra nueva queda exenta para incentivar la construcción de vivienda protegida. La ley también prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento.

Nueva fiscalidad para las Socimis

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluye una tributación mínima del 15% para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimis).

Este tipo de vehículo inversor, puesto en marcha en 2011 y modificado en 2012 para reactivar el mercado inmobiliario tras el crac del sector, está exento del pago de impuestos tales como Sociedades además de una bonificación del 95% en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en el caso de ganancias patrimoniales por la venta de las viviendas. Ahora, las Socimis deberán pagar el 15% de las ganancias no distribuidas, algo que apenas tendrá incidencia entre las grandes cotizadas del sector, ya que la mayoría distribuyen entre sus accionistas casi íntegramente sus beneficios.

Tras el anuncio del Gobierno, los mercados han reaccionado a la baja, castigando a las principales Socimis de la Bolsa española. Así, las acciones de Colonial han cerrado la sesión con una caída del 4,93%, mientras que Merlin Properties cede en el día un 1,57%. Las caídas se replican fuera del Ibex aunque más moderadas, así Lar España se dejaba cerca de un 1% y Árima ha cerrado en plano.

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