La declaración del estado de alarma entra en vigor este sábado, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia excepcional, en la que ha explicado que se aprobará en un consejo de ministros extraordinario. Sánchez ha avanzado que «no se descarta llegar a los 10.000 afectados en los próximos días».
La medida, regulada por la Ley Orgánica de 4/1981, de 1 de junio, y la propia Constitución, solo se ha puesto en marcha una vez, tras la crisis de los controladores aéreos de 2010, y es el nivel más bajo de emergencia nacional, que no afecta a los derechos fundamentales. El Gobierno puede limitar la circulación de personas, intervenir industrias o requisar temporalmente bienes, y obliga a todas las autoridades civiles, los cuerpos policiales autonómicos y locales y los demás funcionarios a quedar bajo las órdenes de la autoridad competente designada por el decreto.
Según establece el decreto, solo se puede aplicar por un máximo de 15 días, el periodo anunciado por Sánchez, aunque el Congreso de los Diputados puede decidir si prolonga la situación. El presidente del Ejecutivo ha anunciado que el coronavirus es «una emergencia que ataca la salud de todos y que no entiende de fronteras».
¿Qué permite?
El estado de alarma da potestad al Gobierno para limitar la circulación o permanencia de ciudadanos y vehículos a ciertas horas y en ciertos lugares; le permite requisar temporalmente cualquier tipo de bien e intervenir y ocupar industrias, fábricas o cualquier otro tipo de local, e incluso movilizar de personal de las empresas. No obstante, los domicilios particulares quedarían exentos de esta medida.
Asimismo el Ejecutivo también puede limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad e impartir órdenes para garantizar el abastecimiento de los mercados o el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados. Sánchez ha explicado que el decreto servirá para «movilizar todos los recursos del Estado para proteger a los ciudadanos».
Esta medida, que ya ha sido puesta en marcha por países menos afectados como Portugal y la ciudad de Nueva York, implica la restricción de la movilidad de los ciudadanos o el racionamiento de los artículos de primera necesidad. El presidente del PP, Pablo Casado y líder de la oposición, ha comparecido tras la declaración de Sánchez para apoyar la decisión del presidente y ha animado a prorrogarlo más allá de los 15 días decretados. «Es hora de anticiparse a los acontecimientos», ha dicho Casado.
¿Cómo afecta a la economía?
Como consecuencia del coronavirus, ya se han adoptado otras medidas de carácter excepcional, como el cierre de colegios y centros educativos en toda España, el confinamiento de unos 70.000 habitantes de cuatro municipios de Barcelona y el cierre de tiendas, bares y restaurantes en la Comunidad de Madrid y en Cataluña.
En los mercados, las 35 empresas que forman el índice español de bolsa Ibex 35 han perdido 239.559 millones de euros de capitalización, según los datos de Bloomberg.
En el caso de la comunidad de Madrid, es la primera fase del plan elaborado para una restricción progresiva de la movilidad, que culminaría, de ser necesario, en el cierre parcial de partes de Madrid, o de su totalidad, en caso de máxima emergencia.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado un decreto por el que se declara el nivel naranja del Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM), en coordinación con la activación del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) por parte de la Comunidad de Madrid. La activación de este nivel supone otorgar mayores competencias a los servicios de emergencias (SAMUR-Protección Civil y Bomberos) y habilita al cuerpo de policía de Madrid a través de la Dirección General de Policía Municipal a adoptar las medidas necesarias que garanticen el ‘estricto cumplimiento’ de todos los acuerdos que se tomen en esta situación de emergencia.
