El Gobierno de las Islas Baleares ha dado los primeros pasos para sancionar a los grandes tenedores de viviendas que no saquen dichos inmuebles al mercado, con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda.
Así, el Ejecutivo liderado por Francina Armengol ha iniciado la tramitación de 63 propuestas de sanción a propietarios que no lanzan viviendas al mercado para combatir la especulación. Los expedientes suman un valor total de 717.286 euros.
De las sanciones, 15 han sido cerradas y cobradas por un importe de casi 220.000 euros, junto a la cesión obligatoria de viviendas a la administración. 47 expedientes están tramitados y esperan recaudar más de 315.000 euros. Por último, hay un caso en el que se ha propuesto una sanción de 180.000 euros por no comunicar la venta de seis viviendas y que el gobierno pudiese ejecutar su orden de compra. Además de las 63 sanciones, 24 expedientes se archivaron al no haber incumplimientos.
Además, el Ejecutivo balear ejerció el derecho de tanteo que incorporó en la normativa autonómica el año pasado, para comprar ocho pisos a estos grandes propietarios.
Los ocho pisos adquiridos por el Gobierno de Baleares corresponden a empresas vinculadas al Banco Sabadell que tenía en total 42. Estas viviendas, ubicadas en Palma (6), Manacor (1) y Menorca (1), serán ofertadas en el parque público de la comunidad. Son viviendas entre dos y cuatro dormitorios con un coste medio de 112.576 euros. La operación se cerró en menos de un millón de euros, muy por debajo del precio de mercado.
