El conseller de Movilidad y Vivienda balear, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que el Gobierno inicia la expropiación temporal de 56 viviendas vacías de grandes propietarios, durante siete años.
La cesión de uso temporal está recogida en la Ley de Vivienda de las Islas Baleares aprobada en 2018 y permite ‘rescatar’ pisos para habitantes de la comunidad autónoma, que pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica y que nunca superará el 30% de sus ingresos.
Al tratarse de un procedimiento expropiatorio, la Administración tendrá que pagar un justiprecio a los propietarios para poder utilizar las viviendas durante estos siete años, que en el caso de este primer paquete tendrá un coste total de 1,8 millones de euros para el Ejecutivo.
Asval: reacciones en contra
En este contexto, la regulación de los precios del alquiler, así como el impuesto a las viviendas vacías o la propuesta de que los grandes propietarios destinen un 30% de su cartera al alquiler social, están poniendo de manifiesto las diferencias entre las formaciones políticas a la hora de elaborar un proyecto legislativo.
Y también las protestas de otros agentes sociales. Asval considera que esta medida supone un ataque al Derecho a la propiedad privada. La organización es representante mayoritaria de los propietarios de vivienda en alquiler con más de 2.000 asociados, más del 90% pequeños arrendadores.
«Esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos», precisan. Además, -en su opinión- vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión.
Rebaja frente al mercado
El proceso balear tiene un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda.
Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, todas ellas en manos de bancos y sociedades inmobiliarias. Una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), con rentas que no superen el 30% de los ingresos familiares.
Qué es gran tenedor en Baleares
La ley autonómica de vivienda entiende por gran tenedor a las personas físicas o jurídicas que disponen de diez o más viviendas y establece que los inmuebles se consideran desocupados cuando llevan dos años o más sin ser habitados sin una causa que lo justifique.
Esta norma obliga a estos propietarios a inscribir en un registro los inmuebles que llevan más de dos años desocupados y permite a la Administración disponer de ellos justificando una ‘necesidad real’ de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas.
Hasta el momento, los servicios de inspección autonómicos han detectado alrededor de 6.000 inmuebles propiedad de grandes fondos en las islas.
En toda España, bancos y Sareb han cedido al Gobierno 26.000 viviendas para alquiler social. El presidente del Gobierno ha anunciado además que destinará 1.000 millones de euros de fondos europeos al Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible.
El debate sobre el alquiler
Las distintas administraciones autonómicas están inmersas en qué estrategia seguir para hacer frente a un aumento evidente de la demanda de alquiler, que no se encuentre sin capacidad de acceso por el aumento descontrolado de precios, como ha ocurrido en diversos años de ciclo alcista del precio de la vivienda.
Por ejemplo, el Gobierno valenciano ha tomado una decisión: optar por ayudas o subvenciones a la construcción de vivienda o la rehabilitación de aquellas cuyos precios de mercado estén entre 3 y 5 euros el metro cuadrado, y que podría sumar hasta 400 viviendas.
Regulación de precios
La decisión está en línea con la defendida por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha mostrado el rechazo del partido socialista a regular el precio de los alquileres. Este era uno de los pactos del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
De hecho Podemos parece que ha ganado el último pulso. El Gobierno ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que depende de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda que se está negociando entre los dos partidos de la coalición en este momento.
