El pasado 31 de marzo, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó una serie de medidas en materia de vivienda para proteger a los afectados por la crisis del coronavirus Covid-19, tales como ayudas al pago de los alquileres.
Según esta norma, el inquilino puede solicitar de la persona arrendadora un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago del alquiler cuando el propietario sea una empresa, entidad pública de vivienda o un gran tenedor y si el inquilino se encuentra en situación de vulneración económica, es decir, que estén en situación de desempleo, en un ERTE, que hayan tenido que reducir su jornada laboral por motivo de cuidados o cualquier otra circunstancia similar que suponga una «pérdida sustancial de ingresos».
Hasta el momento, se podría solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo, fecha que el Gobierno ahora ha ampliado hasta el 2 de julio, según figura hoy en Boletín Oficial del Estado (BOE).
El pasado lunes, el Gobierno activó una línea de préstamos de 1.200 millones de euros para los inquilinos que tengan problemas para pagar el alquiler, que beneficiará a unos 450.000 personas. Estos préstamos, en vigor desde el día 27 de abril pero que se pueden aplicar con carácter retroactivo desde el día 1, permitirán a los inquilinos pagar hasta seis meses de alquiler sin generar ni gastos ni intereses para quien los solicite que, además, contará con un plazo para devolverlo de seis años, con posibilidad de una prórroga de cuatro años más.
