El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de ministros un decreto por el que extenderá la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables hasta el 9 de agosto, una medida que ya anunció en enero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La medida seguirá vigente durante tres meses más después de que el próximo domingo día 9 de mayo decaiga el estado de alarma, momento al que inicialmente estaban vinculadas estas medidas. El veto a los desahucios, los alquileres ‘abusivos’ y las medidas relativas a los grandes tenedores sobre alquiler ya se ampliaron antes hasta el 31 de enero de 2021.
Regulación
Esta medida se incluye en un real decreto ley que regulará algunas cuestiones legales necesarias, tras el fin del estado de alarma que decae el 9 de mayo. Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la norma busca dar respuesta a «medidas que necesitaban soporte legal para mantenerse en el tiempo».
La nueva prórroga permitirá ampliar la solicitud de moratoria o condonación del pago del alquiler de la vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de viviendas y los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria por seis meses más de los alquileres en las mismas condiciones del contrato en vigor.
Además, también alcanza a la suspensión de desahucios de inquilinos sin alternativa habitacional, entre los que se incluyen los hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo.
Gran tenedor
En concreto, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se aprobó a finales de enero.
Se trata de las medidas que el ya ex vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, llamó el ‘escudo social’. Y de hecho, también en la duración de estas medidas hay divergencias: desde Podemos apostaban por una ampliación que debería coincidir, al menos, con la de los ERTE, como señalaba el mes pasado la ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.
