El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo consiste en 672.500 millones de euros repartidos entre subsidios a fondo perdido y préstamos para afrontar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.
Pero ya parece que para España, y en concreto, el sector inmobiliario, hay una política definida por el Gobierno. En concreto, se van a destinar 6.320 millones al área de rehabilitación y regeneración urbana, una demanda recurrente de la patronal, y los 1.000 millones destinados al Plan de Vivienda asequible, a los que se refirió el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la firma de un acuerdo con Sareb.
La promoción de vivienda de alquiler y compra asequible y social se hará con modelos de derechos de superficie para el promotor, al estilo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, según confirmó el secretario de Estado.
«Va a haber un antes y un después del sector de la construcción con el aporte de los fondos Next Generation», ha asegurado Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del MITMA, durante el encuentro de ‘Financiación Inmobiliaria de Madrid’, organizado por Asprima, la patronal madrileña, junto con CaixaBank. «Creemos que el número de viviendas que se rehabilitan en la actualidad (en torno a 30.000 viviendas al año) puede multiplicar por 6 esta cifra hasta 2023 con la aportación de los fondos», ha afirmado.
Al frente del proyecto estará el Mitma y contará con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comunidades autónomas y ayuntamientos. «Serán las autonomías las que tendrán las competencias, y los municipios, los que intervendrán en el desarrollo de las actuaciones», ha precisado Saura.
Cantidades por proyecto
Las cantidades destinadas serán: 2.400 millones serán empleados en vivienda y barrios; 500 millones, para ciudades de menos de 5.000 habitantes con el fin de combatir la despoblación; 1.080, para edificios de comunidades y ayuntamientos; 1.000 millones para edificios de la Administración del Estado; 20 millones, para que las propias entidades locales diseñen sus planes de acción de la Agenda Urbana, y 300 para una convocatoria ya publicada del Instituto para la Diversificación Energética.
Cómo se articularán las inversiones
Los organismos encargados de la aplicación se distribuirán así, según ha establecido el Ejecutivo. Una primera línea, a través de la renovación de viviendas o edificios con ayudas directas a las comunidades de propietarios.
En segundo lugar, mediante la renovación de barrios completos a través de la participación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Este segundo punto también incluye la rehabilitación de espacios comunes. En este capítulo se incluyen también actuaciones concretas en ciudades de menos de 5.000 habitantes para buscar incentivar a la España más despoblada. Estas actuaciones se centrarán en eficiencia energética, pero también actuaciones sobre accesibilidad, por ejemplo.
Y en tercer lugar, la última actuación se centrará en la rehabilitación de edificios públicos de la Administración del Estado. Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, con un enfoque especial sobre edificios educativos y sanitarios, además de una partida para la Agenda Urbana, con planes de urbanismo y soluciones en materia de habitabilidad, vivienda social, accesibilidad o eficiencia energética.
Alquiler social
El Gobierno ha definido también la que será la política social de Vivienda. Esta semana aseguró que movilizará 26.000 viviendas para destinarlas a alquiler social con la ayuda de Sareb y los bancos, a través del Fondo Social de Viviendas, aunque gran parte de esta ampliación del parque social ya estaba comprometida. Así, ambos agentes han acordado con el Gobierno ampliar el número de unidades que ya destinaban a ello.
En concreto, los bancos ampliarán un 10 % el Fondo Social de Viviendas, con la aportación de 1.000 pisos más en régimen de alquiler social, con lo que pasará a contar con al menos 11.000 inmuebles; se ampliará además la fecha del convenio hasta enero de 2022. Sareb ya ha cedido en usufructo cerca de 5.000 pisos y lo amplía a 10.000.
Pedro Sánchez anunció además que destinará 1.000 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible.
Entre las actuaciones este plan figuran: viviendas para el alquiler asequible financiadas por el Plan Estatal de Vivienda y que se desarrollan en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, viviendas para el alquiler asequible mediante convenios con entidades locales en zonas con el mercado de arrendamiento más tensionadas y viviendas impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con la entidad pública SEPES en suelos de titularidad estatal.
Descensos de precios del 2% e inseguridad
En el mismo encuentro los promotores han puesto de manifiesto su preocupación por el incremento de la inseguridad jurídica de determinadas normativas, como el ultimo decreto de moratoria de alquiler y la Ley de Vivienda, en preparación.
En este sentido, «las tensiones dentro del Gobierno -en relación a la futura Ley de Vivienda- esperemos que acaben por desechar las propuestas que darían cobertura a la ocupación ilegal, ya que esto dañaría a la imagen del país y, por ello, al interés inversor extranjero por invertir en España», ha explicado el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio Gómez-Pintado.
Gómez Pintado ha señalado que, al contrario de los datos «tergiversados» que se han dado sobre la evolución del sector, el precio de la vivienda nueva subió un 0,7% el año pasado, y el de la usada un 0,8%, con la primera incluso recuperando la demanda previa a la crisis sanitaria en la última parte del año.
Sin embargo, Judit Montoriol-Garriga, economista senior de Caixabank, ha dado por hecho que seguirá un leve ajuste de precios en el primer semestre de este año, en el entorno del 2%, aunque ha confíado en la capacidad del sector para volver a la normalidad plena a cierre de año.
Vuelta a los visados de 2019
Asimismo, el presidente de los promotores ha destacado la actitud adoptada por las empresas del sector: «escarmentadas por la crisis financiera de 2008, han sido más selectivas para proteger su caja y eso ha hecho que los visados de vivienda nueva hayan caído un 20%«. Una vez la pandemia pase, -ha asegurado- confía en que vuelvan los 120.000 visados que España necesita para mantener el equilibrio.
Respecto a las nuevas formas de negocio en el sector, ha resaltado el ‘build to rent‘, que permitirá alcanzar un equilibrio «lógico» entre el alquiler y la compraventa hasta registrar niveles europeos.
En este sentido, el director ejecutivo de Banca de Empresa de CaixaBank, Luis Cabanas, se ha referido a la evolución del sector inmobiliario, admitiendo que «ha sufrido un poco» pero muchos menos que las expectativas a las que apuntaban las previsiones de julio del año pasado, sobre todo en la vivienda nueva.