Pryconsa y el Estado quieren resucitar los planes urbanísticos sobre los terrenos donde se levantaba hace más de una década la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid.
La parcela permitirá la construcción de más de 600 viviendas, el 30% con algún tipo de protección oficial, además de edificios para uso terciario, dotaciones e incluso un equipamiento para la salud, es decir, un posible hospital público, tal y como llevan demandando desde hace una década los vecinos de Carabanchel.
Para poder sacar adelante este desarrollo, la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y Pryconsa han retomado la iniciativa para la gestión urbanística del Área de Planeamiento Remitido (APR) de la cárcel de Carabanchel.
Así, la Comisión de Desarrollo Urbano y de Obras y Rquipamientos del Ayuntamiento de Madrid estimará, previsiblemente este miércoles, la iniciativa para la gestión urbanística de esta APR. Para posteriormente, el próximo 29 de septiembre, recibir el respaldo del pleno del Ayuntamiento, según informa El Confidencial.
Proyecto parado
Este ámbito lleva paralizado más de una década, ya que en 2009, el Ayuntamiento de Madrid —Alberto Ruiz-Gallardón— y el Ministerio de Interior —Alfredo Pérez Rubalcaba— firmaron un convenio para su desarrollo. No obstante, el convenio que fue modificado en 2015 por ambas partes —con Jorge Fernández Díaz al frente de la cartera de Interior y Ana Botella como alcaldesa de Madrid—.
Este convenio recogía cómo debía ordenarse dicho ámbito: la superficie que debía destinarse a uso residencial, terciario o equipamiento público. Y dicho convenio fue ratificado por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en abril de 2015. Desde entonces, y con el cambio de Gobierno municipal, el proyecto quedó parado.
Ahora, cinco años después, el Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida, junto con Pryconsa y el Estado, quiere dar un nuevo empujón al desarrollo con una superficie total de algo más de 170.000 metros cuadrados —unos 17 campos de fútbol— y una edificabilidad de 88.000 metros cuadrados para residencial y terciario.
«Existe el compromiso de destinar como mínimo un 30% de la edificabilidad residencial a la construcción de vivienda de protección pública«, recoge en su web Siepse, propietaria de la mayoría del suelo del ámbito junto con el Estado —que mantiene el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la comisaría de policía— y Pryconsa.
La parcela principal cuenta con una superficie de 162.524 metros cuadrados y es propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de Siepse, propietaria también de una segunda parcela de 1.521 metros cuadrados, mientras que la tercera parcela, de 8.222 metros cuadrados, pertenece a la empresa Pryconsa -apenas un 5% del suelo del ámbito-, que recibirá del Estado una parcela resultante, completamente urbanizada, de 3.123 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 5.281 metros cuadrados donde podrá levantar unas 400 viviendas.
