El sector inmobiliario suele ser el claro reflejo de la condición y situación de una ciudad. Por ello, Barcelona precisa de una reformulación de las actuales políticas relacionadas con la ley de vivienda vigente con el fin de llegar a un acuerdo con uno de los sectores económicos más importantes de la capital catalana.
Uno de los puntos que sería conveniente reformular es la actual Ley de vivienda de protección oficial (VPO). En este caso, en el que nadie pone en duda la necesidad de cubrir un problema, se obliga a los promotores a destinar el 30% de las promociones a vivienda de protección oficial con el fin de incrementar el número de propiedades sujetas a la protección pública. Ahora bien, la VPO debería de generarse mediante un acuerdo público-privado capaz de beneficiar a ambas partes, por lo que no es sensato obligar al sector privado a dotar de viviendas que deberían de ser ofertadas únicamente por la administración pública.
Si el ayuntamiento obliga a los promotores a destinar el 30% de las promociones a VPO, el resultado es muy claro: ni hay obra nueva ni grandes rehabilitaciones en edificios. Por lo tanto, las fincas no son adquiridas por nadie y se van deteriorando paulatinamente. En este sentido, se trata de una ley que no se sustenta con números y que impide un desempeño ágil de la actividad del sector inmobiliario. Así pues, la industria solo tiene la posibilidad de impulsar la nueva vivienda en dos casos: o bien las dimensiones son inferiores a 600m2 y por lo tanto quedan exentas ante la política existente, o bien, por la adquisición de la licencia antes de la aprobación de dicha Ley.
Además, esta situación ha ahuyentado la inversión en la capital catalana, empujando a los principales inversores a poner en foco en otras regiones que carecen de esta ley, como Madrid.
A nivel internacional, España es el país con la tasa de propiedades destinadas al alquiler más baja en comparación al resto de Europa. Por esta razón, debería prestarse especial atención a los propietarios, ya que su labor permite dinamizar el mercado inmobiliario: cuantos más pisos obtienen y mejor funciona su actividad, más pisos adquieren y más propiedades en alquiler hay. Además, este círculo vicioso ofrece la oportunidad a los propietarios de reformar las viviendas para ser destinadas al alquiler, garantizando a los inquilinos pisos dignos y reformados.
Otro de los factores dignos de evaluación es el índice de referencia, un parámetro impreciso y muy distante con la realidad de una propiedad en oferta que calcula la media de los metros cuadrados, pero que, a su vez, no contempla algunos aspectos como la magnitud de las reformas, las vistas desde la vivienda o la iluminación natural.
Todo lo mencionado anteriormente tiene un impacto muy negativo en el sector inmobiliario y en la ciudad, hecho que supone activos en decadencia. En este sentido, la Ley en vigor dificulta la inversión en materia de vivienda por parte de los propietarios, por lo que los pisos y edificios en unos años tendrán un estándar de calidades y mantenimiento extremadamente bajos.
De este modo, la ciudad de Barcelona se arriesga a quedarse atrás en materia de vivienda en relación al resto de territorios.
