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Promotoras y grandes propietarios, en contra del decreto ‘sorpresa’ de desahucios

Promotores y arrendadores avisan de la desprotección frente a la ocupación ilegal que genera grave problemas económicos y sociales.

La inclusión por sorpresa esta semana de dos modificaciones del Real Decreto de 22 de diciembre que paraliza los desahucios, y cuya vigencia se restringe a la duración del período del estado de alarma, ha desatado las alarmas.

El nuevo texto amplía la protección a la ocupación ilegal al eliminar la posibilidad de suspender la paralización del desahucio aún en el caso de que sea consecuencia de delito.

Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) entienden que la modificación incorporada sin previo aviso al Decreto original, es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos.

Un fenómeno ilegal

Esto convierte a España -en su opinión- en una excepción dentro de Europa, al amparar este fenómeno ilegal. Esta limitación carece a su juicio de todo sentido, máxime «cuando la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías».

E insisten en que cuestionar un derecho fundamental para garantizar otro genera inseguridad jurídica, tanto en nuestro país como internacionalmente, en un momento donde la recuperación económica precisa de los mayores niveles de inversión posibles. 

Y el temor es internacional. Esta semana, también la agencia de calificación Moody’s, ha alertado del impacto sobre la inversión de la nueva ley contra desahucios.

Por otro lado, sigue estando prohibido suspender el desahucio si la vivienda es la vivienda habitual o segunda residencia de otras personas, pero a partir de ahora también si ocurre y el inmueble es propiedad de una empresa. Hasta ahora solo se aplicaba esta norma a viviendas propiedad de personas físicas.

Su propuesta

Para las dos asociaciones, sería ‘conveniente’ que el Congreso de los Diputados votara en contra de la convalidación de este real decreto o aceptarla a trámite como proyecto de ley, «conservando aquellos otros artículos que sí son necesarios, pero corrigiendo esta modificación fuera de toda lógica».

La Asociación de Promotores Constructores de España es la organización estatal representativa de los intereses del sector empresarial promotor y constructor. Por su parte, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) defiende la promoción de un mercado del alquiler más profesionalizado, transparente y eficaz.

Respaldo europeo a los alquileres controlados

La otra alerta ha sido generada por el Pleno del Parlamento Europeo, que ha pedido que se reconozca y proteja la vivienda digna y asequible. En una resolución, aprobada con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, insta a los Estados miembros y autoridades regionales y locales a adoptar disposiciones legales.

Entre las medidas que deben tomar las autoridades de los estados se encuentra la de contar con normativas de alquiler claras. Además, la institución ha avalado el uso de mecanismos de control de las rentas como el que prepara España en la nueva Ley estatal de vivienda.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que la resolución del Parlamento europeo para proteger el derecho a una vivienda digna es un «enorme impulso» al trabajo que despliegan de cara a regular los precios del alquiler en España, y cumplir el mandato del acuerdo de coalición.

A su vez, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido que se tome «buena nota» de este pronunciamiento a nivel europeo con vistas a presentar «cuanto antes» en España una «ley de vivienda ambiciosa que baje los precios».

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