El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por cincuenta diputados del PP en el Congreso contra la ley para regular y controlar el precio del alquiler aprobada en septiembre en Cataluña.
En concreto, esta normativa que se aplica en 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, establece que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat.
No obstante, la ley excluye a los arrendadores «vulnerables», que son los pequeños propietarios que tengan unos ingresos mensuales de alrededor de 2.000 euros. Además, la ley también prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento.
La vicepresidenta del TC Encarnación Roca será la ponente de la sentencia tras la admisión del recurso, que no supone la suspensión de la ley al ser presentado por 50 diputados y no por el Gobierno central.
El sector, en contra
En el momento de su aprobación, el sector inmobiliario y las patronales cargaron contra la ley. Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, se opuso al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, porque «vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña».
De igual forma, los principales representantes del sector inmobiliario en Cataluña alertaron en un comunicado conjunto que la medida aprobada en el Parlamento catalán agravará el acceso a la vivienda, especialmente en aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad.
