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El Ayuntamiento de Palma reclama competencias para regular el precio de los alquileres

El Ayuntamiento de Palma ha pedido al Gobierno central que les permita regular el precio del alquiler de la vivienda y para ello la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha remitido una carta a José Luis Ábalos, mostrando su preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos y solicitando competencias para poder limitar los precios y garantizar así, el acceso a una vivienda digna.

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El Ayuntamiento de Palma ha pedido al Gobierno central que les permita regular el precio del alquiler de la vivienda y para ello la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha remitido una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, mostrando su preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos y solicitando competencias para poder limitar los precios y garantizar así, el acceso a una vivienda digna, informa Última Hora.

Truyol le ha recordado a Ábalos que el aumento del precio del alquiler y de compra de vivienda ha sido desproporcionado en la ciudad en los últimos años, alcanzando incluso un 53% en el caso del alquiler, «la cifra más alta entre las capitales del Estado».

La situación se agrava aún más a causa de la crisis provocada por el Covid-19 y el aumento del paro. Esta situación de emergencia social apunta la regidora, ya se ha traducido en un aumento de la demanda de información y expedientes abiertos por parte de la Oficina Antidesahucios.

Medidas solicitadas

Solicitan desde el consistorio que se publique el índice de precios de los alquileres de vivienda para poder limitar que se sigan incrementando los precios en zonas tensionadas como Palma.

Se reclama la creación de incentivos económicos para el empuje de las viviendas vacías y para que se desarrollen programas que estimulen a los propietarios a ofrecer alquileres sociales y que se faculte a los municipios a adoptar medidas coyunturales y temporales en relación a la regulación de los precios de la vivienda.

Por otro lado, instan a que se faculte a las entidades locales para poder gravar fiscalmente a través del IBI aquellas dinámicas que dificultan el acceso a una vivienda digna y asequible, como por ejemplo las viviendas desocupadas o el alquiler turístico.

Asimismo, reclaman el aumento del parque público de vivienda. La cifra actual, que es de 400 viviendas destinadas a atender a personas en situación de emergencia social, no llega si quiera al 1% del total de viviendas, frente al 2,5% a nivel estatal y el 10-15 % de media europea. Por ello, solicita al Estado que, sin perjuicio de la competencia autonómica en vivienda, se refuerce y facilite el papel de agente promotor de vivienda pública por parte de los ayuntamientos en los planes estatales de vivienda y otros mecanismos de apoyo económico.

Finalmente, piden que se amplíe el Código de Buenas Prácticas bancario suavizando algunas de las restricciones o que se regule la moratoria de manera más ambiciosa.

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