La semana pasada, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) anunció su cambio de modelo tras nueve años registrado pérdidas de unos 1.000 millones anuales desde su creación.
Su modelo original se basaba en la relación de exclusividad con cuatro grandes ‘servicers’, y el desarrollo de otro abierto a especialistas. Ahora, uno de los grandes contratos bajo esta modalidad ha provocado molestia a gran parte del sector antes de conocer cómo terminará.
Se trata del Proyecto Neo, un concurso organizado para subcontratar la gestión de una importante cartera de suelo que terminó hace unos días con cuatro firmas finalistas: LandCo, Aliseda, Servihabitat y Altamira, según informa El Confidencial.
Las condiciones del concurso han hecho que solo sean ‘servicers’ -salvo CBRE- quienes compitan por el nuevo contrato. No ha entrado en la disputa ningún especialista. Y por ejemplo, otros como JLL, que vendió su división de gestión inmobiliaria, hace tiempo que renunciaron a trabajar con el conocido como ‘banco malo’.
Cambio de modelo
Sareb ha decidido poner fin a su sistema original y aprovechar la renovación de los contratos con sus ‘servicers’ para decantarse por una mayor especialización. Con este cambio, la compañía espera mejorar resultados.
Para ello, la entidad presidida por Jaime Echegoyen va a fichar a un asesor financiero y otro legal para diseñar el nuevo marco de sus contratos. Se prevé que entre abril y mayo tendrán definido el nuevo modelo, según afirman desde la entidad.
Este proyecto, denominado Esparta II, pretende segmentar la cartera de 31.800 millones de euros en inmuebles y préstamos que tiene la sociedad en contratos de servicios especializados. Esto supondrá la búsqueda de especialistas en alquileres, servicios de mantenimiento, gestión de concursos y venta.
Resultados
El año pasado, Sareb incrementó sus números rojos un 13%, hasta los 1.073 millones; mientras que sus ingresos cayeron un 39%, hasta 1.422 millones.
Con un ‘agujero’ de 35.000 millones, la Unión Europea ha obligado a España a computar como deuda pública dicha cantidad al estar avalada por el Estado y el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que cambiar la ley, para que Sareb pueda seguir operando con recursos propios negativos, tras haber consumido todo su capital.
