Cataluña se encamina a ser la primera región en regular los precios de los alquileres de vivienda en España. Ayer, los partidos JxCat, ERC, En Comú Podem y la CUP presentaron en el Parlament de Cataluña una proposición de ley para limitar el precio de las rentas residenciales.
La proposición presentada contempla declarar municipios en los que se regulará el precio del alquiler, en aquellos «que disponen de índice de referencia de precios en el que las rentas del alquiler han sufrido un incremento superior al veinte por ciento en el período comprendido entre los años 2014 y 2019, incluidos en el Área Metropolitana de Barcelona o con población superior a veinte mil habitantes», señala el escrito.
Basada en una propuesta del Sindicato de Inquilinos, el decreto propone que se ejecute la regulación de los precios en dos fases, primero con la creación de un régimen excepcional de contención de rentas de alquiler aplicable en las zonas fijadas y, «más adelante, en un plazo breve» -que la disposición final primera de esta ley fija en nueve meses-, el Gobierno catalán presentaría «un proyecto de ley de regulación integral de los contratos de arrendamiento de bienes».
Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) aseguraron que esta propuesta «provocará un aumento de la litigiosidad entre inquilinos y propietarios«, según aseguró su directora general, Beatriz Toribio, a Vozpópuli. «Llegue o no finalmente a aprobarse, solo ya su presentación genera inquietud e inseguridad jurídica entre los propietarios», advirtió.
Control de precios en toda España
La medida del control de precios de alquiler en España es una de las medidas que contemplaba el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y UP. El objetivo Gobierno sería habilitar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan establecer sistemas de regulación de precios de alquiler, un paso que podría llegar antes de que acabe el año.
Para darle esta potestad a las administraciones locales y regionales existen dos posibles vías de actuación, por un lado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que en su artículo 17 fija que las partes podrán pactar libremente el precio del alquiler de la vivienda. La otra vía sería hacerlo a través de la nueva Ley Estatal de Vivienda, que se espera que esté lista para este ejercicio.
Hasta el momento, no se ha hecho público cual será el procedimiento para establecer un control de precios que será temporal y sólo en zonas tensionadas, aunque sí se ha publicado la estadística oficial de alquileres.
