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Cataluña aprueba la limitación de los precios del alquiler con excepciones

El Parlamento catalán aprobará este miércoles una proposición de ley que limitará las subidas de los alquileres en la región, pero que excluye a los pequeños propietarios que tengan unos ingresos mensuales de alrededor de 2.000 euros.

parlamento de cataluna fuente shutterstock

El Parlamento catalán aprobará esta tarde una proposición de ley promovida por el Sindicato de Inquilinos que limitará las subidas de los alquileres en la comunidad autónoma.

El Sindicato de Inquilinos y JxCat han presentado este miércoles un acuerdo de última hora que han alcanzado, y que permitirá modificar levemente el redactado que la entidad había presentado. Se quedarán fuera de la limitación los pequeños propietarios que tengan unos ingresos mensuales de alrededor de 2.000 euros, incluyendo el alquiler que reciben.

La nueva norma llega con polémica ya que cuenta con la oposición del sector inmobiliario, que ha exigido al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos que impugne ante el Tribunal Constitucional (TC) la legislación catalana.

Además, los partidos que rechazan la secesión (Cs, PSC y PP) recuerdan que el proyecto nace con un informe negativo del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que vela por la adecuación de la legislación autonómica a la Constitución y al Estatut. Según este organismo, la nueva ley invade competencias estatales.

El sector, en contra

Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, se opone al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, porque «vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña».

De igual forma, los principales representantes del sector inmobiliario en Cataluña han alertado en un comunicado conjunto que la medida aprobada en el Parlamento catalán agravará el acceso a la vivienda, especialmente en aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad.

«Evidentemente, el derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado, pero con la aprobación de estas medidas el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social, además de adoptar medidas que se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución«, reza el comunicado firmado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia (Coapi), la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL).

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