La pandemia movió muchas piezas del puzzle. Uno de los aspectos sociales que ha cambiado desde la irrupción del coronavirus es la forma en que se conciben las viviendas, un replanteamiento que evidenció la brecha social entre aquellos quienes se confinaron en una vivienda con balcón, terraza o jardín y quienes no disponían de ninguna de estas comodidades.
En este contexto, el departamento de Innovación Ecológica en la Construcción de la Generalitat Valenciana, centrado en buscar nuevas formas de transformar los cerramientos de las obsoletas viviendas públicas en Valencia, tiene como objetivo crear espacios exteriores aprovechando la intervención de mejora que la Generalitat plantea para en su parque de viviendas con algún tipo de protección oficial. El tipo de edificios que pretenden remodelar es de varias plantas y está construido entre las décadas de 1960 y 1980 en tramas urbanas consolidadas, según informa El Mundo.
El primer contrato de compra pública de innovación para un ensayo real en esta peculiar misión de crear nuevas terrazas y balcones ha sido recientemente formalizado por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. La propuesta del departamento público madurará una UTE conformada por la constructora AVIT-A y el estudio de arquitectura ARQHEA, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Biomecánica.
La propuesta deberá contener un prototipo en los próximos tres meses y ha sido escogida tras la valoración de un comité de expertos. El proyecto ha de cumplir diferentes etapas fijadas antes del ensayo real en un complejo de viviendas propiedad de la Generalitat en la provincia de Castellón. La directiva del departamento indica, en este punto, que la construcción debe ser replicable, contar con materiales sostenibles, tener un coste asumible y viabilidad administrativa y mejorar la respuesta bioclimática del inmueble.
¿Trabas con las que se encuentra el proyecto? Los principales problemas a los que se enfrentará la Administración valenciana son tres: los obstáculos a nivel administración, la viabilidad técnica y los permisos municipales necesarios.
Con una inversión de 96.000 euros, la primera compra pública de innovación convierte a Vivienda en una especie de incubadora que, de la mano de la Agencia Valenciana de la Innovación, acompañará el desarrollo de esta idea bajo el formato de colaboración público-privada. Aunque se trata de una vía poco explorada por las Administraciones, este marco supondría compartir los riesgos al buscar una solución a un problema al mismo que se potencia el desarrollo del tejido innovador, apunta la Administración valenciana.
El proyecto planteado contará con dos fases: la primera, para el desarrollo a escala laboratorio de la solución planteada; la segunda, tras la evaluación de la viabilidad técnica, económica y urbanística, para la evaluación del impacto del confort de los habitantes de la propia vivienda.
Aunque las autonomías ya han ensayado esta fórmula de compra de innovación desde ámbitos como el sanitario, se trata de la primera vez que se aplica la idea a la vivienda. En este sentido, son muchas las comunidades que revisan actualmente su normativa de habitabilidad. Desde que la sociedad concibe la casa como el espacio donde pasa el 90% de su cotidianeidad, son muchos los cambios que España ha experimentado en el segmento residencial.
El País Vasco, por su parte, aprobó ayudas de hasta 5.000 euros para los propietarios que invirtieran en abrir terrazas o balcones en sus edificios, si fuera posible. Lo nuevo en el paso de la Generalitat Valenciana es que el primer perfil beneficiado con esta clase de ayudas sean, precisamente, los que menos renta y posibilidades de acceso a otras soluciones habitacionales presentan: los usuarios de viviendas públicas en la Comunitat.
