Cataluña se encamina a ser la primera región en regular los precios de los alquileres de vivienda en España. En julio, los partidos JxCat, ERC, En Comú Podem y la CUP presentaron en el Parlament de Cataluña una proposición de ley para limitar el precio de las rentas residenciales, que se espera que se vote próximamente.
Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, se opone al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, porque «vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña».
El pasado mes de agosto, el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó que algunos artículos de esta norma incumplen la Constitución y el propio Estatut. Además, este mismo órgano aseguró también que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler porque es una facultad del Estado.
«La aplicación de esta próxima iniciativa generaría enormes desequilibrios en el mercado del alquiler en Cataluña y ahuyentaría la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica», asegura Asval en un comunicado, y añade que «el desarrollo del mercado inmobiliario catalán puede verse seriamente perjudicado».
Menos oferta de alquiler
De igual forma Asval considera que esta ley incentivará la economía sumergida, ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado.
A esto se une que, los colectivos en situación de vulnerabilidad, las rentas más bajas y los jóvenes serán quiénes sufrirán más los efectos de esta ley ya que, como han señalado diferentes organismos internacionales y el Banco de España, el control de
precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda en alquiler.
En un mercado con falta de oferta, el propietario tenderá a favorecer a los inquilinos con mayor solvencia frente a quienes tienen rentas más bajas.
En este sentido, Asval apela a las distintas fuerzas políticas favorables a esta norma en el Parlament catalán a que «hagan una reflexión sobre los efectos negativos de esta norma y retire este proyecto normativo al ser contrario al derecho de propiedad reconocido en la Constitución».
En caso de ser aprobada, la asociación solicitará al Gobierno y a los partidos políticos con representación suficiente en el Congreso de los Diputados que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.
