La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha alertado de las consecuencias que tendrá el decreto propuesto por el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma.
Para la asociación este decreto supone «la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas».
En este sentido, Asval ha asegurado que si se aprueba el decreto con la propuesta actual, «los propietarios de vivienda en alquiler afectados reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos» y que «generará un efecto llamada a nuevas ocupaciones, como ya hemos visto en Cataluña con la aprobación de normativa similar».
En su opinión, su aprobación dar lugar también responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto, ya que los propietarios se verán privados de su derecho de propiedad y no podrán garantizar la seguridad de su vivienda.
Beatriz Toribio, directora general de Asval, ha apuntado que la normativa que el Gobierno va a aprobar “perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes”.
Escasez de vivienda social
El decreto propuesto por el Ejecutivo establece que serán los servicios sociales los encargados de acreditar la vulnerabilidad de las familias y las Comunidades Autónomas las que tengan que proporcionarles un alojamiento alternativo en un plazo de tres meses.
No obstante, Asval ha recordado que las administraciones autonómicas carecen de un parque de vivienda social suficiente para garantizar este realojo. España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa, ya que, según datos de Eurostat, tan solo representa el 2,5% del total de viviendas, frente al 30% de los Países Bajos, el 24% de Austria o el 17% de Francia.
Los propietarios que forman parte de Asval están a favor de buscar soluciones para los inquilinos con dificultades temporales para pagar las rentas de sus alquileres por efecto de la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, se muestran totalmente en contra de ofrecer estas mismas soluciones a los ocupas ilegales.
Brainsre.com Plataforma de Big Data inmobiliario
El precio medio del alquiler de vivienda en España alcanzó en el tercer trimestre de 2020 los 10,2 euros el metro cuadrado al mes, mientras que el importe medio se situó en 1.005 euros al mes, lo que supone un descenso del 8,4% frente al primer trimestre del año, en consonancia con el endurecimiento de la economía.
En cuanto al importe mensual, tan solo cinco municipios se encontraban por encima de la media española. Barcelona lideró el ‘top 25’ con un precio medio de 1.405 euros al mes, Madrid con 1.301 euros al mes y Palma alcanzó un importe medio de 1.195 euros al mes, según datos de la plataforma de big data inmobiliario BrainsRE.
