El debate sobre la okupación ilegal de inmuebles se ha agravado en los últimos meses motivado principalmente por su aumento. En concreto, este fenómeno ha crecido un 46% desde 2016 hasta el año pasado. En el primer semestre de 2020, se registraron 7.450 okupaciones ilegales de inmuebles, es decir, unas 1.241,7 al mes, según datos del Ministerio del Interior.
Este incremento ha sido, en parte, una de las razones por las que ha surgido la Asociación de Afectados por la Okupación (AAO). Su presidente, Toni Miranda, ha explicado en una entrevista a Brainsre.news que: «La asociación ha nacido por la falta de reacción del Estado ante el incremento de okupaciones”.
Miranda ha asegurado que están uniendo esfuerzos para que se produzca una reforma legal a nivel nacional en esta materia. «Tenemos que disponer de una legislación clara que de protección incluso a las fuerzas judiciales», ha afirmado.
En este sentido, la Confederación Española de Policía (CEP) pidió a finales de agosto al Ministerio del Interior que dicte una instrucción específica para que los agentes sepan cómo actuar ante los crecientes casos de okupación ilegal de viviendas, que generan «alarma social» y provocan un «deterioro de la convivencia y la seguridad ciudadana».
Al respecto, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció hace una semana que «en los próximos días» dictará una instrucción para todos los fiscales que aborde el tratamiento de la okupación, un «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica».
El presidente de AAO ha denunciado que “el Estado no se puede inhibir de sus responsabilidades y lo está haciendo. Tampoco estamos de acuerdo con que desde determinados estamentos de la Administración se incentive la okupación, que no deja de ser un acto delictivo”.
La falta de confianza en el Gobierno para gestionar y tratar este fenómeno ha llevado a la asociación a crear un grupo de trabajo para poder dar cifras reales sobre la okupación es España. «Pronto tendremos nuestras propias cifras, porque no creemos en las que da la Administración”, ha aseverado Miranda.
Daños al sector económico
Este fenómeno no solo afecta al propietario del inmueble ocupado, sino que genera desconfianza e inseguridad en los vecinos y, por supuesto, frena en seco la posible intención de compra de inversores.
“A parte de los daños que se hace a las víctimas, se están produciendo daños incluso en el sector económico y de la construcción. Si alguien está pensando en comprarse una vivienda como inversión, se lo va a pensar muchísimo”, ha apuntado Miranda.
Entre las funciones del organismo destaca «el asesoramiento y apoyo a nuestros socios, estamos estableciendo un grupo de trabajo sobre las demandas colectivas para exigir a la Administración acciones por los daños generados y que no están siendo debidamente tratados, también trabajamos con otros grupos para cambiar la legislación». En este sentido, Miranda ha explicado que van a poner demandas colectivas contra administraciones y contra políticos «que están fomentando actos delictivos«.
El grupo fundador de la asociación está formado por abogados y profesionales del sector inmobiliario, aunque el presidente es escritor. En la actualidad, la organización está formada por 1.000 socios, pero el objetivo “es alcanzar los cinco ceros”.
Situación en Cataluña
En cuanto la distribución geográfica de este fenómeno, Cataluña es, con diferencia, la zona de España donde más okupaciones ilegales se producen. En la primera mitad del año, de las 7.453 okupaciones que se registraron, 3.611 fueron en Cataluña, con Barcelona como epicentro presentando 2.644, según muestran los datos del Ministerio del Interior.
Tal y como publicó Brainsre.news, Cataluña está a la cabeza de ocupaciones ilegales en España, donde se producen 600 ocupaciones al mes y 20 al día, siendo el número de ocupaciones seis veces superior al de la Comunidad de Madrid. En concreto, San Andrés y Nou Barris, al norte de la Ciudad Condal, son los distritos donde el riesgo de ocupación de un inmueble es mayor, según datos de la plataforma de big data inmobiliario Brains RE.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación ha señalado que el decreto catalán ha propiciado el incremento de este fenómeno. El pasado mes de febrero, el parlamento autonómico catalán aprobó un decreto ley de vivienda que obliga a los propietarios a ofrecer un alquiler «social» a los okupas cuando estos lleven seis meses afincados en la vivienda de un tercero.
Barcelona y especialmente los distritos de San Andrés y Nou Barris registran los índices más altos de ocupación; mientras que en Sevilla o Zaragoza hay menor riesgo. En Madrid capital, los distritos de Usera, Villa de Vallecas, Vicálvaro y, sobre todo, Villaverde son las zonas donde el riesgo de okupación es más elevado que en el resto de distritos, según datos de la plataforma de big data inmobiliario Brains RE.