El Gobierno ha suspendido todos los desahucios de personas vulnerables durante seis meses; prorrogado todos los contratos en vigor que estén a punto de vencer; y otorgará microcréditos a interés cero para pagar alquileres, que se podrán devolver en 6 años, ampliables a 10, como parte del escudo anticrisis para garantizar la vivienda.
El acuerdo no contempla una suspensión temporal de los pagos, el punto de fricción entre Unidas Podemos y miembros del Gobierno como Nadia Calviño por la vulnerabilidad que también ocasiona a los propietarios particulares -que detentan el 90% de los pisos-, pero sí recoge importantes ayudas públicas.
En definitiva, ha diseñado un nuevo paquete de medidas para ayudar a autónomos, inquilinos vulnerables y empleadas del hogar: según los cálculos del Ejecutivo, las ayudas servirán para apoyar a 500.000 familias en España.
En su alegato ha asegurado que «el Estado no va dejar tirados a los inquilinos y vamos a garantizar que nadie puede ser echado de su casa por no poder pagar el alquiler». Y en ese sentido, la nueva norma amplía los supuestos de vulnerabilidad necesarios para acogerse a las ayudas, incluyendo a los despedidos y a los afectados por un ERTE o una reducción de jornada.
Distingue además entre pequeños propietarios y grandes tenedores, que pasan a ser los que tienen a su nombre 10 o más inmuebles, y que en el primer borrador eran ocho. Al respecto, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban integralmente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos deberán asumir parte del impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez también ha aprobado nuevas prestaciones por desempleo para colectivos vulnerables, como un subsidio de 440 euros para los trabajadores sin derecho a paro que se queden sin empleo o una ayuda para las trabajadoras del hogar.
En detalle
El Ejecutivo ha aprobado habilitar préstamos a coste cero a través del ICO para ayudar a las familias afectadas por la crisis a pagar. La idea es que, una vez recuperadas de la crisis, éstas devuelvan los microcréditos en un periodo de entre seis y diez años, en función de su capacidad económica y las dificultades que atraviesen. Esta medida está pensada para personas en paro, trabajadores afectados por ERTEs o reducción de jornadas y para autónomos que vean minorados sus ingresos por el freno a la actividad económica y las restricciones a la movilidad.
Para los colectivos más vulnerables, el Gobierno tirará de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 400 millones de euros para los próximos dos años, para ayudar a que estas familias puedan pagar el alquiler. Estas ayudas sólo se destinarán para cubrir alquileres de hasta 900 euros al mes. «El Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus que no logren salir de esa situación y finalmente no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas públicas para el pago del alquiler», informó al respecto Iglesias.
Otra de las medidas destacadas es la paralización durante seis meses de todos los procesos de desahucio por alquiler iniciados y la prórroga de seis meses obligatoria de todos los contratos de arrendamiento que vayan a vencer en estos meses, con el fin de evitar expulsiones y subidas de las rentas.
En paralelo, el Gobierno amplía a 3 meses la moratoria hipotecaria y extiende la medida a todo tipo de préstamos. También incluye en la moratoria a las oficinas y los locales de los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o si su facturación ha caído significativamente.
Empleo doméstico
Las medidas del Gobierno de coalición se han extendido a la creación de una prestación para las empleadas domésticas dadas de alta en la Seguridad Social que pierden su trabajo o unas horas, otra ayuda para los trabajadores temporales que no tienen el tiempo de cotización suficiente y una moratoria de seis meses en la cotización a la Seguridad Social para autónomos.
En el caso de empleadas de hogar, la prestación de desempleo extraordinaria equivaldrá al 70% de la base de cotización de la trabajadora, por lo que será necesario estar dada de alta en la Seguridad Social para cobrarla, así como una declaración responsable de los empleadores o la carta de despido.
El subsidio que se ha creado para los temporales tendrá un mes de duración y será la misma cantidad que en el resto de ayudas no contributivas del servicio público de empleo: 430 euros. Para acceder a él no será necesario tener un periodo mínimo de cotización, que son 12 meses cotizados en los últimos seis años, pero que el contrato que finaliza antes de tenga una duración mínima de dos meses. La ayuda será incompatible con otras rentas asistenciales de desempleo o servicios sociales.
La otra medida destacada del Consejo de Ministros es una moratoria de seis meses sin intereses en la cotizaciones de autónomos, según ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. A esta moratoria, en principio, no se podrían acoger los trabajadores por cuenta propia que desarrollan actividades afectadas por el estado de alarma. Para ellos, el Ejecutivo creó una prestación de un mes, prorrogable por todo el tiempo que dure la excepcionalidad, en el que no tendrían que pagar la cotización a la Seguridad Social aunque permanezcan de alta; y también un aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio; junto a una moratoria por el pago de las cuotas en los días trabajados en el mes de marzo, sin intereses.
El vicepresidente Iglesias también ha desvelado que el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social está preparando un ingreso mínimo vital para aquellos colectivos que no están amparados en las ayudas sociales que existían o se han ido creando, entre ellas las empleadas de hogar que no están de alta en la Seguridad Social.
Por último, la prohibición de cortes de suministros se amplía para la primera vivienda y se prevé que se conceda el bono social a quienes se hayan quedado en situación de vulnerabilidad por despido o reducción de actividad.
