La Diputación Permanente del Parlamento ha dado el visto bueno al decreto ley del Gobierno andaluz aprobado el pasado 9 de marzo que suprime trabas burocráticas para la actividad empresarial con la modificación de 21 leyes y 6 decretos, entre ellas urbanísticas, de turismo, medioambientales y del sector audiovisual.
El decreto-ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía modifica o deroga parcialmente 21 textos legislativos y seis decretos que afectan a toda la actividad económica, especialmente al ámbito medioambiental, comercial o urbanístico. Estas medidas han sido pactadas con el sector privado, pero no con los sindicatos, como ha denunciado la secretaria general de CC OO, Nuria López.
En muchos casos se opta por la declaración responsable para eludir la autorización previa de las administraciones que ejercerán su control a posteriori. Así, los procedimientos previstos en la ley de Ordenación Urbanística en Andalucía (LOUA) para pedir licencias de obras en edificios ya construidos o las licencias de ocupación quedan sustituidos por la declaración responsable. Ocurre igual en el caso de “la salvaguarda de protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico”, asegura el decreto-ley.
Alquileres turísticos
Pero es en el negocio de alquileres turísticos donde la liberalización es más potente. Desde ahora, todos los alojamientos destinados a esa actividad podrán constituirse como propiedad horizontal. Algo que antes solo se permitía a los grandes hoteles y a complejos vacacionales centrados en esa labor con una categoría de tres llaves, que es el tipo de clasificación que se usa en este tipo de negocio. Es decir, si una empresa o uno o varios propietarios disponen de tres o más viviendas con esa categoría para alojar turistas dentro de un edificio, ahora podrán constituir su propia comunidad de vecinos. Y que será independiente de la ya establecida de por sí en el bloque donde están esos apartamentos.
En el ámbito urbanístico se suprimen “multitud” de informes sectoriales que hasta ahora se requerían para la tramitación de los planes urbanísticos de los ayuntamientos. El objetivo, según el Gobierno autónomo, es que los planeamientos se aprueben en dos años y no es ocho de media como ocurre ahora.
Otra de las cosas llamativas del decreto-ley en cuanto a su urgencia es el permiso a los comercios de más de 300 metros cuadrados a ampliar el número de festivos en los que pueden abrir. Se hará de manera paulatina hasta el 2022 y hasta un total de 16 domingos en un sector que emplea a 520.000 personas y suponía el 16,5% del mercado laboral andaluz. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, aseguró que se trata de “adaptar el comercio a los requerimientos de la vida actual”. Además, permitirá ofrecer servicios de organización de viajes a las empresas que quieran hacerlo a pesar de no estar especializadas en ello.
