Los miembros del consejo de Aena prevén tratar, en su reunión de hoy, el reparto del dividendo y la posible renegociación de los contratos con operadores comerciales, de restauración, hostelería y retail de los aeropuertos del regulador aeorportuario. El gestor público todavía no se ha puesto en contacto con ellos para adaptar las obligaciones a las nuevas condiciones derivadas del Covid-19.
El pasado 8 de junio, medio centenar de compañías –entre las que no figuraba Dufry (tiendas libres de impuestos), con un contrato diferente– enviaron una carta a Maurici Lucena, presidente de Aena, en la que le proponían la creación de una “plataforma de diálogo”. El objetivo era, en resumen, acordar un “reequilibrio económico de los contratos”. También pidieron una reunión durante esa misma semana, que no tuvo lugar.
El malestar de las tiendas y comercios es evidente. “La empresa pública no ha dado respuesta clara sobre la existencia del derecho a reequilibrar los contratos, ni sobre las reglas que lo regirían, ni sobre el procedimiento técnico para llevarlo a cabo”, apuntó un portavoz.
El real decreto-ley de medidas contra el Covid-19 del pasado marzo, protege a los contratistas del Estado por la suspensión de obras y de servicios debido al virus. Existe una excepción: Aena. Pese a ser una empresa pública -está controlada en un 51% por el Estado- y de regirse por la ley de Contratos del Estado, queda liberada de las obligaciones marcadas por el Gobierno al no depender de los presupuestos generales del Estado.
En consecuencia, el grupo aeroportuario no está obligado a cargar con los costes salariales, de mantenimiento de garantías definitivas, de alquiler de maquinaria y oficinas cuando la empresa, debido al coronavirus, se vea obligada a suspender temporalmente o dejar de prestar el servicio o el suministro contratado.
Los inquilinos buscan una solución
Los operadores comerciales esgrimen que otro real decreto ley –el aprobado el pasado 23 de junio sobre medidas para la reactivación económica– habla de “una moratoria o reducción de la renta de estos locales previa solicitud del arrendatario”, en referencia a concesiones comerciales “sitas en las estaciones de ferrocarril”. Las empresas creen que se debería buscar una solución muy similar para las tiendas de los aeropuertos.
La continuidad de unas 300 empresas está en juego y en 10.000 los empleos directos e indirectos implicados. La mayoría de contratos tienen una renta mínima garantizada, que es lo que el operador se compromete a pagar, que puede subir según la facturación obtenida. Los operadores acumulan cuatro meses sin casi ingresos, especialmente en abril y mayo, cuando los aeropuertos perdieron el 99,5% del tráfico.
